El “greenwashing” preocupa a reguladores y al sector financiero, amenazando la confianza de los inversores y la sostenibilidad a largo plazo en la UE.

Las políticas de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles ganan relevancia, pero también complejidad técnica.

La Comisión Europea busca la contribución de organismos supervisores para abordar el “greenwashing,” con un informe esperado en mayo de 2023.

El “greenwashing” se percibe como uno de los principales riesgos para la confianza de los inversores y, por lo tanto, como una amenaza para el logro del objetivo común de transformar a largo plazo el sistema productivo de la UE hacia un modelo sostenible.

Greenwashing, definición.

La Autoridad Europea de Mercados y Valores ha definido este concepto como el conjunto de prácticas de mercado relacionadas con la divulgación de sostenibilidad que no reflejan adecuadamente los riesgos e impactos de sostenibilidad asociados a un emisor o instrumento financiero. Esta definición, en apariencia simple a primera vista, resulta sumamente compleja al profundizar en ella.

El modelo de finanzas sostenibles proyectado por las políticas de la Unión Europea (UE) está ganando cada vez más relevancia, a medida que se vuelve más complejo y técnico. En este momento, en el que la regulación y las metodologías ASG (ambiental, social y de gobierno) están en desarrollo, y las necesidades de conocimiento técnico están en aumento, el fenómeno conocido como “greenwashing” ha captado la atención de supervisores, reguladores y del propio sector financiero.

A pesar de lo que sugiere el término “greenwashing,” este no se limita únicamente a cuestiones medioambientales, sino que también abarca aspectos sociales (“social-washing”) y de gobernanza (“governance-washing”). Otros elementos que actualmente están siendo objeto de debate incluyen la intencionalidad (¿se puede considerar “greenwashing” un comportamiento no intencionado?), el diferente rol y, en consecuencia, el nivel de responsabilidad que deben atribuirse a los distintos actores, así como el tratamiento que debe darse a la amplia variedad de situaciones que pueden surgir a lo largo de la cadena de valor. Es imperativo aclarar estas incertidumbres.

Greenwashing y los reguladores

Los reguladores están intensificando la presión para evitar el “greenwashing.” Finresp (Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España) se encuentra inmerso en este debate.

La Comisión Europea ya ha delineado sus expectativas con respecto al papel que deben desempeñar los organismos supervisores en la identificación, prevención, investigación, sanción y corrección del “greenwashing.” En mayo de 2022, solicitó la contribución de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ESA por sus siglas en inglés). En noviembre, estas autoridades lanzaron una consulta a todas las partes interesadas (call for evidence) con el objetivo de mejorar la comprensión del concepto y identificar posibles casos. Se espera que, una vez finalizado este proceso, se publique un informe en mayo de 2023.

Como contribución a este debate, desde Finresp consideramos que es fundamental contar con una definición consensuada, comprensible y respaldada por criterios científicos que aclare qué inversiones pueden considerarse sostenibles. Esto es esencial para establecer un marco y unas reglas de juego que aporten seguridad jurídica, credibilidad y transparencia.

Inversión sostenible

Enfrentamos dificultades debido a la extensa agenda regulatoria de los últimos años (que aún no se ha completado). El concepto de sostenibilidad (o, más específicamente, de inversión sostenible) ha sido abordado desde diferentes perspectivas, como la transparencia, la comercialización de productos o la presentación de informes, entre otros. Cada enfoque ha partido de premisas diferentes, lo que ha resultado en variaciones inevitables en las definiciones y en los enfoques regulatorios. Esto ha impedido hasta ahora contar con un concepto unificado y completamente coherente del fenómeno.

La elaboración de taxonomías desempeña un papel crucial en la búsqueda de una visión armonizada. El aspecto ambiental ha avanzado con mayor rapidez en este sentido, aunque aún no está completamente consolidado debido a su naturaleza dinámica, abierta a nuevas actividades y a la continua revisión de sus criterios técnicos de selección. En el caso del aspecto social, las taxonomías aún están por definirse y no se espera que estén disponibles a corto plazo.

Otro desafío es la disponibilidad de datos de alta calidad. La Directiva sobre información no financiera ha representado un avance significativo en este sentido, pero aún existe margen para mejorar la armonización de las normas de información y las metodologías de cálculo para ciertos indicadores. Confiamos en que la nueva Directiva de informes de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y las normas propuestas por EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) contribuirán a mejorar la transparencia y la comparabilidad.

En cuanto a la asignación de recursos hacia actividades sostenibles, es fundamental reconocer que la responsabilidad de garantizar la autenticidad de la información transmitida al mercado debe recaer en la parte correspondiente, es decir, en quienes tienen la capacidad de gestionar directamente los aspectos ESG. La idea de atribuir al sector financiero un papel de supervisión, como una especie de “policía verde,” va más allá de sus funciones y competencias.

A pesar de las dificultades, en el sector financiero somos plenamente conscientes de que el riesgo de “Greenwashing” es real y nos afecta negativamente. Por esta razón, estamos trabajando arduamente en la implementación de un sistema de finanzas sostenibles en un tiempo récord, aportando una considerable cantidad de recursos humanos y tecnológicos a esta transición. Además, hemos establecido alianzas con el objetivo de desarrollar taxonomías comunes, tanto generales como sectoriales, que definan de manera positiva lo que es sostenible.

Referencias

Finanzas corporativas en línea | Asesoramiento en finanzas corporativas | Harvard Business Review